El jueves pasado se aprobó por unanimidad en el pleno la redacción definitiva de la ordenanza reguladora de instalaciones base de telefonía móvil.
Un paso, no cabe duda, importantísimo.
Pero no hemos de descuidar otro proceso que ya ha comenzado y que todo apunta será largo y duro.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Valencia estimó un recurso de Vodafone declarando nula la moratoria del año 2006, por supuesto cabe apelación y el Ayuntamiento nos aseguró que esta sería la mejor que se pudiera presentar.
No recurrir esta sentencia significaría que, al menos Vodafone y habría que ver sí el resto de operadoras, podría exigir que se siguieran los trámites que inició al pedir licencias de obra y/o actividad hace dos años. Por tanto, podríamos encontrarnos con la gran paradoja de haber aprobado una ordenanza respetuosa con las personas, consensuada, trabajada y apoyada por todos los grupos políticos en un escenario de epidemia de instalación de antenas perfectamente legal.
No podemos bajar la guardia, a partir de ahora, la ordenanza será denunciada por cada una de estas empresas, corporaciones que no conciben otra forma de actuar que la que se traduce en beneficios a costa de aquellos "efectos secundarios" que enunciaba el eminente Milton Friedman. Los efectos secundarios, por supuesto, somos nosotros/as.
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